Contra el terrorismo educativo

imagen cedida por la cuenta @malaspraxisUGR

Antonio R.M

“El Real decreto como terrorismo educativo que todo joven español trabajador debe combatir en beneficio del empoderamiento de su clase social.”

Sobre la injusticia del sistema educativo versa el artículo, el caso del impresentable profesor Castillo en la UGR solo es la punta del iceberg de un problema mucho más grande: el propio sistema educativo y cómo están planteadas las instituciones —para obedecer a las órdenes del mercado y crear una educación pública, cada vez menos pública porque ya no es de todos— para que sean una máquina expendedora de títulos que no estarán valorados y tendrás que ir completando con másteres. Que ya cada cual se podrá pagar según su capacidad económica.

Mientras tanto, consentimos abusos desde las propias instituciones cuando se permite la docencia a profesores que ni cumplen los protocolos ni los criterios básicos para ejercer. Negligencias que paga el estudiante, ya que es quien sufre estos abusos; el silencio cómplice de la universidad y el agujereo del bolsillo por las segundas y terceras matrículas que salen más caras a tantas familias de clase trabajadora. Éste si no aprueba, pierde cualquier ayuda económica, y si la pierde no estudia… Si no estudia, pierde su derecho a una formación que le proporcione un futuro.

Derecho que está cada vez más perdido si de partida cuentas con la carencia de participación del estudiantado en la universidad, donde los medios administrativos se ven obstruidos por una burocracia ridícula que lejos de formalizar cualquier procedimiento para resolver alguna controversia o defender algún derecho —por minúsculo que sea— lo que hace es crear un dique de contención para el estudiante de extracción popular (ya que el que tiene los medios puede permitirse el lujo de tener otra forma de formarse). Vía que se agota rápido y posteriormente le sigue la de la movilización estudiantil, donde los representantes de las instituciones dicen escuchar al estudiantado —solo escuchar pero nunca se van a comprometer por la construcción de un sistema educativo donde se fomente de verdad la cultura democrática (directa o participativa) que involucre a todos los miembros de la comunidad educativa—. En consecuencia, siguen con una política de precarización del personal docente y al servicio de la administración, donde los becarios son explotados y en el imaginario colectivo se fomenta el discurso de la servidumbre en formato “da las gracias porque tienes trabajo”.

A todo esto se le añaden las sucesivas leyes educativas al servicio de una liberalización de la enseñanza pública, la reducción de aulas en las ratios, la externalización de servicios… Entonces, mientras siga así la situación, es necesidad que el estudiantado de extracción popular tome conciencia de su posición de perjudicado en esta nueva agenda económica a las puertas de otra crisis, que como la de 2008 ya sirvió para la aplicación de medidas neoliberales. Por eso es necesario que en casos como los del profesor Castillo de la UGR —como en tantas otras universidades— se organicen y se participe en tantas asambleas como movilizaciones organizadas en esta misma universidad por el Frente de Estudiantes en coalición con Estudiantes en Movimiento y tantos otros colectivos estudiantiles organizados.

Este es el modelo de universidad que quieren los eurócratas, una máquina expendedora de títulos y no una enseñanza integral holística del alumnado. Vivimos en una época donde todo es vacío de contenido si hablamos de derechos o conquistas sociales, donde el único y principal motor de la educación —cada vez más especializada y tecnificada— es la productividad en el mercado. Productividad para las grandes empresas, para los fuertes en este capitalismo monopolista. Donde su fuerza económica nace de la explotación del trabajador, cuya clase interesa tener individualizada y pasiva lo máximo posible, vaya a ser que experimenten el espíritu crítico y quieran organizarse para transformar la realidad donde viven . Nuestra clase política nacional no tiene suficiente con vender el país a trozos, en privatizar los sectores básicos de la economía, en terciarizarnos económicamente y permitir el desmantelamiento industrial, sino que además tiene que ser fiel lacaya del capital europeo. Si éste dicta algo, obedecen.

Este citado decreto, en teoría del «gobierno más progresista de la historia de nuestra nación», no hace más que implementar Bolonia, el 3+2… En definitiva, adaptarse a las exigencias del Espacio Europeo de educación superior que, como mencionábamos anteriormente, tiene esa oscura agenda de especialización de la formación; “tecnificando” para que el estudiante sea una pieza más al servicio de las grandes empresas privadas. Es la educación que ya preconizó en 1995 el informe de “European round table of industrialist”, organización que engloba a las empresas más fuertes de dicho mercado común. Es tan sencillo como comprender que el capital necesita de la racionalización para aumentar en productividad. Para ello necesita reducir costes, y si el trabajo es una mercancía costosa para su productividad será necesario abaratarlo y flexibilizarlo en un mercado dinámico donde circule libremente. Si es necesario que un universitario pase más tiempo trabajando para que las plantillas de las empresas se dinamicen y paguen salarios baratos a estudiantes jóvenes que necesitan entrar en el mercado laboral —a costa de los que ya están insertos— lo harán si es oportuno para sus intereses mediante la implementación de un sistema de formación dual.

Así vamos desarticulando la enseñanza pública externalizando la formación. Por lo cual conseguimos que esta no sea competencia de un Estado (si bien puede ser criticable el tipo de Estado) que es más deseable que un mercado cuyo principio rector es la maximización del beneficio, en lugar de proteger unos derechos fundamentales fruto de una lucha organizada de varias generaciones. Esto es, la modernización tan ansiada —donde como en otras épocas remotas de la historia—, la educación y la formación integral es, o bien una utopía para visionarios, o bien cosa de ricos, donde creamos una barrera con titulaciones mediocres que no forman y para dar ese salto de calidad necesitas pagar más.

Para más inri del asunto, estos colectivos estudiantiles organizaron protestas el 6 de mayo, ¿y cuál creéis que fue la reacción del poder progresista? La siguiente: plantearse una nueva ley de convivencia universitaria, donde prima la armonía como principio. Armonía según como la entienden los que están en la parte superior de balanza: manteniendo el desequilibrio, como buen tufo socialdemócrata.

De esta manera se crea una ley mordaza estilo universitaria, donde se blinda el proceso de desmantelamiento cerrando el pico a aquel que se organice, permitiendo sanciones directamente del rectorado. Así es como las instituciones colaboran para incluir al alumnado como sujeto activo de la comunidad educativa. Imaginaos pues qué hubiese pasado con los estudiantes que organizaron una sentada contra el mediocre profesor Castillo en la facultad de ciencias políticas de la UGR… Lo tienen todo atado y bien atado. Es el mercado, amigo. Desde Wert hasta Castells, el sistema es el mismo; la metodología es la del terrorismo educativo. Terrorismo que todo joven español trabajador debe combatir en beneficio de la hegemonía de su clase social.